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Apenas hace un par de décadas nuestros gobernantes y jueces no se preocupaban tanto por la difusión masiva que podrían tener sus declaraciones o acciones rara vez cuestionadas por la opinión pública.
Eran tiempos en que la voz no corría tanto como ahora. O los medios disponibles eran comparsas y no tenían suficiente fuerza para impulsar de manera extensa los aconteceres.
Aquéllos eran años previos a Internet, a las redes sociales y a los tan temidos "wikileaks". Pero ahora nuestras autoridades no escapan a ser exhibidos por sus conductas cuestionables o por sus quehaceres incoherentes con la nueva realidad.
Dos casos recientes ilustran cómo el sol ya no puede taparse ni con el dedo pulgar. Los cables diplomáticos sobre México difundidos por Wikileaks, publicados en meses recientes por La Jornada y varios medios de comunicación internacionales, han puesto de cabeza a los gobiernos de muchos países, entre ellos Estados Unidos y México.
Los más recientes han prácticamente destrozado la imagen de "cooperación" y mutua admiración que ambos gobiernos habían proyectado durante años. Dichos cables, varios de ellos firmados por Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, personalizaron el conflicto bilateral. Medios estadunidenses ya habían comentado que el aparente conflicto entre Felipe Calderón y Pascual también estaba nutrido por algo aún más personal.
La reciente visita de Calderón a Washington no sólo se realizó en condiciones complicadas como resultado del impacto de los cables y las relaciones aparentemente deterioradas con el embajador Pascual.
También se efectúa dos semanas después del asesinato de un agente de migración norteamericano en San Luis Potosí y la percepción aumentada por reportajes en medios del otro lado sobre la violencia incontrolable en México, el fracaso de la guerra contra el narcotráfico y la amenaza que todo esto representa para Estados Unidos.
Un segundo caso de exposición gubernamental lo ilustra la decisión de la juez Blanca Lobo de suspender provisionalmente la exhibición de "Presunto Culpable" en las salas de cine, lo que ha sido tomado como una abierta "censura" al film que deja expuesta la campante corrupción que se da en nuestro sistema judicial mexicano.
La cadena de cine que distribuye el documental ha informado que no modificará o editará la obra fílmica para evitar mostrar el rostro del testigo Víctor Daniel Reyes Bravo, quien solicitó el amparo ante el juzgado número 12, por considerar que su imagen ha sido exhibida sin su autorización.
Para muchos esta medida no es una censura en el sentido tradicional, sólo que parece sospechoso que de repente surja una orden de suspensión provisional de la autorización para exhibir la película.
Pero las redes sociales y el Internet se han encargado de exponer ante la opinión pública este tipo de medidas, realmente absurdas en tiempos de "presunta" mayor libertad de expresión e información (en las calles ya aparecieron copias piratas de la película y en Internet archivos para bajarla, por lo que la acción de la juez solo ha contribuido a
alimentar el interés por ver la película).
Hoy día nuestras autoridades ya no pueden actuar con las políticas tiránicas y la plomería política de antes, censurando por doquier y generando reportes secretos con oscuros intereses.
Vivimos en tiempos diferentes por fortuna en donde los ciudadanos no sólo están más alertas, sino también cuentan con mecanismos que les permiten cuestionar y refutar la conducta oficial... Y hacer correr la información más rápido que la luz.