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Ejercer la labor periodística en México, sobre todo en el norte del país, se ha convertido en todo un desafío para la mayoría de los medios de comunicación y para los reporteros independientes, tanto de contenidos impresos como de sitios online.
El clima de violencia y el crimen organizado han contribuído a muchas empresas de comunicación y emprendedores a tomar medidas de acción para no dejar de informar a sus lectores al tiempo de proteger su personal y sus intereses organizacionales.
Diferentes opciones han surgido en los años recientes, tanto de la Sociedad Interamericana de Prensa como de los mismos medios y asociaciones periodísticas nacionales, para establecer criterios de conducta mediática. Algunos han progresado, otros han quedado en simples buenas intenciones.
Una alternativa más en este sentido fue lanzada esta semana bajo el nombre de "Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia", el cual pretende unificar las políticas editoriales para difundir información relacionada con la inseguridad y el crimen.
Sesenta representantes de televisoras, periódicos, revistas, estaciones de radio y portales de Internet suscribieron este convenido el cual establece medidas para "sanar" los mensajes que se trasmiten y que los medios de comunicación no se vuelvan instrumentos del crimen evitando además el lenguaje usado por la delincuencia.
Considera este acuerdo también la creación de un órgano ciudadano que vigile el cumplimiento por parte de los medios de diferentes puntos, tales como: tomar postura en contra de la violencia; alentar la denuncia ciudadana; no interferir en el combate a la delincuencia; atribuir responsabilidades explícitamente; y no prejuzgar culpables.
Algunos medios en particular, como los diarios Reforma y La Jornada, la revista Proceso y la cadena MVS, decidieron por lo pronto abstenerse de participar. Ello podría explicarse en el sentido de que estos medios han mantenido un distanciamiento de este tipo de convenios colectivos, además de que sus políticas editoriales son muy singulares y podrían en determinado momento tener colisión con otro tipo de criterios.
El Acuerdo Nacional, por lo pronto, encara el reto de resultar funcional, tarea nada sencilla en estos los tiempos. Pero más allá de emprender este tipo de esfuerzos conjuntos es importante que cada medio, de acuerdo a su zona geográfica, defina más claramente sus políticas editoriales propias para orientar la conducta y ejercicio de sus periodistas.
En relación a esto es primordial, primero, que cada medio local establezca reglas claras de cobertura informativa mediante códigos de comportamiento organizacional y políticas de línea editorial que sean compatibles con el modelo periodístico que sigue. Por ejemplo, un periódico policiaco seguramente tendrá valores y criterios para tratar los temas de violencia de manera muy diferente a un periódico de corte más familiar y tradicional, ya que sirven a diferentes mercados.
En segundo lugar será necesario que cada medio local trabaje con instituciones de su plaza, tanto públicas como privadas, para garantizar el trabajo periodístico en lo que respecta a acceso a fuentes informativas. Es importante recordar que el acceso a la información es un derecho que se debe defender y que la comunidad espera orientación no sólo de los periodistas, sino también de los organismos responsables de garantizar su seguridad y de contribuir a
entornos de mayor paz social.
La tarea de informar a fin de cuentas no es labor única de los periodistas. Gobiernos y demás instituciones civiles deben trabajar en conjunto con aquéllos, sobre todo en estos tiempos difíciles, para oportunamente y con mensajes confiables y verificados, orientar a los ciudadanos cómo conducirse en su vida cotidiana con seguridad.