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El gobierno mexicano promulgó hace unos días una nueva ley que reconoce y protege los derechos de los migrantes en un intento por minimizar los riesgos que enfrentan al pasar por México como ataques del crimen organizado y extorsiones de autoridades.
La Ley de Migración señala entre otras cosas que los migrantes tienen derecho a recibir servicios educativos y de salud, además de tener acceso al sistema de procuración de justicia y presentar quejas por violaciones a sus derechos humanos, sin importar si son indocumentados.
Para el gobierno de Felipe Calderón, ésta es una legislación "de avanzada", una legislación que privilegia el respeto y la protección de los derechos humanos y que reconoce, en palabras del mismo Presidente, "la dignidad humana del migrante". ?Como bien lo ha señalado el Presidente, los migrantes se ven muchas veces obligados a actuar en la "clandestinidad", lo cual lo exponen a situaciones sumamente riesgosas como el de ser víctimas de secuestros a manos de la delincuencia organizada.
Hay dos casos recientes que ilustran esta realidad: En agosto de 2010 fueron asesinados 72 migrantes en Tamaulipas. Y en abril pasado fueron localizadas en el mismo estado 40 fosas con 183 cadáveres, varios de los cuales se cree que eran personas que viajaban hacia la frontera con Estados Unidos.
La legislación precisa que ninguna persona será considerada ilegal por su condición de migrante ni perderá derechos o libertades.
Además, independientemente de su situación legal, tendrán derecho a la educación, servicio médico urgente para preservar su vida, al registro civil y la impartición de justicia.
La legislación suena en apariencia como una medida positiva que al menos ayudará a controlar y regular más el tráfico ilegal de personas por el territorio nacional.
Sin embargo, es oportuno aclarar que la respuesta se antoja algo tardía y la política típica del actual gobierno panista de actuar más de manera reactiva que proactiva.
Preocupa también que este tipo de acciones se den mediante estrategias de eventos públicos y mediáticos de alta resonancia con el propósito de lograr más simpatías y apoyos a un gobierno que ha fallado en su capacidad para enfrentar este problema migratorio que no es nuevo, pero que sí ganó más atención luego de las masacres de Tamaulipas.
¿O acaso cree usted, estimado lector, que nuestro gobierno no conocía de antemano el "modus operandi" de polleros y demás traficantes? ¿No han sido revelados en el pasado tantos dramas que han vivido guatemaltecos, salvadoreños y hondureños tan solo al llegar a Chiapas en donde la prensa y grupos de interés y derechos humanos han mostrado con evidencias una serie de abusos y atropellos?
A nivel diplomático seguramente nuestra cancillería trató este tipo de temas con la contraparte norteamericana deseosa de que nuestro gobierno controlara desde raíz el fenómeno migratorio ilegal.
Muchos aplauden la nueva ley por las buenas intenciones y propósitos que manifiesta en ideas. Dirán que más vale tarde que temprano, pero muchos mexicanos ya están hastiados de tener un gobierno lento, que se distingue cada vez más por esperar y esperar hasta que estallen los problemas antes de enfrentarlos desde que aparecen.