Dallas, (Notimex).- Dos horas después de que el gobernador texano Greg Abbott emitió una declaración para celebrar una sesión especial de la Asamblea estatal a partir del próximo lunes, el legislador estatal demócrata Ramón Romero presentó una iniciativa para derogar una ley contra las ciudades santuario.
“Mi esperanza es que los representantes, ya que se han ido a casa y han hecho su investigación, tal vez entiendan ahora que nos apresuramos a aprobar el SB 4 sin entender su alcance completo, y el impacto económico que va a tener sobre nuestro estado”, dijo Romero, demócrata de Fort Worth y autor de la propuesta.
El legislador alertó que Texas se enfrentará a boicoteos similares a los que afrontó Arizona cuando promulgó la ley SB 1070, semejante a la SB 4.
Al menos un grupo, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), anunció ya que cancelará la realización de su convención anual 2018 en Texas y trasladará el evento a otra entidad, en rechazo a la promulgación de la SB 4.
La SB 4, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, permitirá a los agentes de policía preguntar acerca del estatus migratorio de cualquier persona que sea detenida por cualquier motivo, incluyendo las rutinarias paradas de tráfico.
La ley prohíbe además que los gobiernos locales adopten políticas de “santuario” para los inmigrantes indocumentados, y prevé que los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a aplicar las leyes de inmigración dejarán de recibir millones de dólares en fondos públicos, y enfrentarán multas y sanciones.
Romero dijo que durante el período ordinario de sesiones, el debate sobre la SB 4 se centró en el perfil racial más que en otros impactos de la ley, que, por ejemplo, haría a los hispanos más vulnerable a los crímenes.
Los opositores a la SB 4 sostienen que la ley desalienta a los inmigrantes a reportar crímenes a la policía, y las evidencias recabadas en estadísticas de los departamentos de policía de Houston y Austin ya refuerzan esas afirmaciones.
La sesión legislativa especial de 30 días comienza el próximo lunes y los legisladores tienen la tarea de abordar una lista de prioridades conservadoras establecidas por el gobernador, ninguna de las cuales incluye la derogación de la SB 4.
Los gobiernos de las principales ciudades de Texas, incluyendo Dallas, Houston, Austin, San Antonio y El Paso, junto con varios condados y organización de derechos civiles han presentado una demanda en una Corte Federal de San Antonio en contra de la SB 4 con la esperanza de detener la entrada en vigor de la legislación.
