Maltrato a migrantes enfermos y discapacitados

Para La Red Hispana

Una demanda generalizada interpuesta por el Southern Poverty Law Center (SPLC), por organizaciones de defensa de migrantes, así como por 15 personas afectadas, arroja más luz sobre el lamentable estado de los 158 centros de detención migratoria de los Estados Unidos, que diariamente pueden tener recluidos a más de 55,000 migrantes a lo largo y ancho de los Estados Unidos.

Presentada en la Corte del Distrito Central de California, la queja acusa a la Oficina de inmigración y Aduanas (ICE) de la “violación sistemática” de la Quinta Enmienda de la Constitución, pues sostiene que a los migrantes se les niega atención médica, son sometidos a “peligrosas” condiciones de aislamiento y enfrentan discriminación debido a sus discapacidades.

Un total de 26 personas han muerto en los últimos dos años mientras se encontraban bajo custodia del ICE, pero en los últimos años no sólo no se han corregido las deplorables circunstancias de confinamiento, sino que se han “exacerbado” durante la presidencia de Donald Trump, asegura el SPLC.

“Los inmigrantes enfrentan acusaciones civiles –como la entrada ilegal a los Estados Unidos—pero encuentran condiciones de reclusión crueles y abusivas que se asemeja, o incluso son peores, que aquellas en las prisiones criminales”, asegura.

La demanda documenta el caso de una migrante diagnosticada con esquizofrenia que fue colocada las 24 horas del día, en confinamiento solitario, en un dormitorio durante 9 meses. A pesar de sus inclinaciones suicidas, la detenida no recibió la atención especializada. Cuando la mujer confesó que quería suicidarse, el guardia sólo le respondió “No digas eso” y no hizo nada sobre el caso, señala el SPLC.

Desde junio, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia había encontrado violaciones por parte del ICE a los Estándares Nacionales de Detención después de realizar visitas no anunciadas a 4 centros de reclusión. Aún cuando las condiciones eran distintas en cada centro, el OIG sostuvo que el común denominador eran la “segregación altamente restrictiva”, cuidado médico inadecuado, incidentes de seguridad y problemas significativos de seguridad alimentaria.

“Las prácticas de segregación en tres instalaciones violaron los estándares e infringieron en los derechos de los detenidos. Dos instalaciones no ofrecían actividades recreativas… los baños en dos instalaciones estaban dilapidados y con moho… en un centro no había ropa o artículos de higiene”, concluyó el OIG.

La demanda del SPLC se basa en parte en esas observaciones y busca que el gobierno cumpla con los requerimientos constitucionales y estatutarios para el tratamiento de los migrantes detenidos. La mayoría de las cortes del país han dado un ejemplo de sensatez y decencia en materia migratoria. Esperemos que esta ocasión no sea la excepción.

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