Panamá.- Fuerzas políticas antagónicas y grupos de la sociedad civil en Panamá intensificaron sus acciones contra un proyecto de ley en el Parlamento por el temor de que limite garantías individuales e incluso prohíba páginas en internet.
La unidad fue gestada por el contenido de una iniciativa para reglamentar la llamada Sala Quinta –de garantías constitucionales- de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos tres magistrados deben ser aún nombrados por el presidente panameño Ricardo Martinelli.
La oposición a ese proyecto legislativo unió a los ex gobernantes Partido Revolucionario Democrático (PRD) y su rival ideológico el Partido Panameñista (PPA), hasta agosto del año pasado el más importante aliado de Martinelli.
Pero además de la ley para reglamentar la Sala Quinta, los opositores temen que con su integración, Martinelli controle la CSJ debido a que aumentará de nueve a 12 magistrados, siete de ellos designados por el mandatario.
Los tres nuevos magistrados serán nombrados a raíz de que en enero de 2010 la CSJ consideró inconstitucional una ley que en septiembre de 2009 derogó la norma que meses antes había creado la nueva entidad.
Ratificar “la Sala Quinta es entregarle el poder judicial al presidente”, dijo el vicepresidente Juan Carlos Varela, quien el 30 de agosto pasado fue destituido como canciller por Martinelli, lo cual derivó en el rompimiento de una alianza gubernamental.
Varela, máximo dirigente del PPA, pidió a Martinelli retirar el proyecto de la Asamblea Nacional para abrir un diálogo sobre el tema con todos los sectores del país.
Dirigentes del PPA y del PRD, por separado, se reunieron el lunes con la Asamblea Ciudadana, integrada por activistas de organizaciones de la sociedad civil, a fin de delinear estrategias para enfrentar la Sala Quinta.
Los opositores recordaron estos días declaraciones de Martinelli en 2007 cuando manifestó su oposición a la Sala Quinta por considerar que con ello se otorgaban poderes de rey al gobernante de turno y de hecho afirmaba que restaría fuerza al Ejecutivo.
Con la mayoría de los magistrados nombrados en su gestión, la oposición teme que se genere una interpretación “enrevesada” de la Constitución –ante una denuncia en curso en el Ministerio Público- para permitir la reelección en 2014.
Según una reciente encuesta, siete de cada 10 panameños observan peligros para la democracia, mientras la mitad de la población considera que Martinelli pretende mantenerse en el poder después del 30 de junio de 2014 cuando finaliza
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