Human Rights Watch
Una ley de 1798 incompatible con los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados
- La administración Trump es la primera en la historia de EE.UU. que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 fuera del contexto de una guerra declarada.
- La Ley de Enemigos Extranjeros es incompatible con las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos y protección de personas refugiadas.
- El Congreso debe derogar esta norma, que –como demuestran las recientes desapariciones forzadas de personas venezolanas— representa un riesgo demasiado grave para que siga vigente.
(Washington, DC, 1 de mayo de 2025) – El uso que la administración Trump ha hecho de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para llevar a cabo deportaciones masivas pone en evidencia su incompatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch en un nuevo informe. El Congreso debe actuar con urgencia para derogar esta ley obsoleta y peligrosa.
El informe de 59 páginas, titulado “Estados Unidos: Derogar la Ley de Enemigos Extranjeros. Un argumento desde los derechos humanos”, expone cómo la administración Trump ha utilizado la ley como una vía para eludir garantías fundamentales del debido proceso y la protección de los derechos humanos. El derecho internacional moderno obliga a Estados Unidos a respetar estos derechos, tanto a través de tratados como de normas consuetudinarias, muchas de las cuales forman parte del derecho interno. La Ley de Enemigos Extranjeros, una norma arcaica que precede a estos marcos legales, resulta completamente incompatible con ellos.
“El Congreso desempeña un papel crucial a la hora de frenar el uso que la administración Trump está haciendo de esta ley anticuada como instrumento para impulsar su maquinaria de deportación masiva”, afirmó Akshaya Kumar, directora de incidencia en situaciones de crisis en Human Rights Watch. “Ya han hecho desaparecer a por lo menos 137 hombres, trasladándolos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde —según funcionarios del gobierno— deberían permanecer ‘el resto de sus vidas’. El Congreso debe derogar esta ley antes de que cause más daño”.
En marzo de 2025, el presidente Donald Trump se convirtió en el cuarto mandatario en invocar esta ley, y el único en hacerlo fuera del contexto de una guerra declarada. Mediante una orden ejecutiva, calificó como “enemigos extranjeros” a personas venezolanas supuestamente vinculadas al Tren de Aragua —una organización criminal venezolana—, autorizando su “aprehensión, retención, aseguramiento y expulsión”. La administración utilizó esta orden para deportar sumariamente a por lo menos 137 hombres venezolanos a El Salvador, donde se encuentran detenidos de forma arbitraria, indefinida y en régimen de incomunicación en una prisión de notoriedad internacional.
Human Rights Watch advirtió que el uso de esta ley por parte de la administración Trump está siendo impugnado ante los tribunales, pero el simple hecho de que una situación así sea posible demuestra la necesidad urgente de derogar esta norma de manera definitiva.
Tanto el derecho internacional como el de Estados Unidos establecen que cualquier persona que afirme temer persecución y solicite asilo tiene derecho a que su caso sea examinado. Asimismo, ambas legislaciones prohíben devolver a personas a países donde puedan enfrentar tortura, y exigen que toda persona detenida goce de las garantías del debido proceso, incluido el derecho a impugnar su detención ante una autoridad competente.
El gobierno de El Salvador encarceló a los venezolanos deportados sin base legal aparente y de forma indefinida en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Allí, las personas detenidas están en riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos, denunció Human Rights Watch. Familiares de las personas detenidas no supieron dónde estaban hasta que las identificaron en un video difundido en redes sociales por el gobierno salvadoreño o tras ver sus nombres en una lista filtrada publicada por CBS News. Human Rights Watch concluyó que estas personas están sometidas a detención arbitraria y han sido víctimas de desaparición forzada.
Muchos de los hombres fueron identificados por las autoridades estadounidenses únicamente por sus tatuajes. Uno de los casos es el de un maquillador gay con una solicitud de asilo activa, que aparentemente fue señalado por en las muñecas tatuajes de coronas con las palabras “mamá” y “papá”. Otro fue identificado por un tatuaje de un reloj que marcaba la hora del nacimiento de su hija. Un tercero tenía el símbolo del autismo tatuado.
El 14 de marzo, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, firmó un memorando titulado “Guía para la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros”, que se hizo público recientemente. En él se autoriza a los agentes del orden a ingresar en las viviendas de presuntos “enemigos extranjeros” sin orden judicial cuando “las circunstancias hagan impracticable obtener una”. Según el documento, basta con una “creencia razonable” de que una persona cumple con los criterios de la ley para proceder a su detención, incluso si el proceso de “validación” aún no ha concluido.
El memorando también establece que estas personas catalogadas como “enemigos extranjeros” no tienen derecho a audiencia, apelación ni revisión judicial; que no pueden acceder a ninguna forma de protección o amparo frente a su expulsión, y que los trámites para su deportación deben comenzar de inmediato tras su detención.
Esto contrasta con lo establecido por el Tribunal Supremo de EE.UU., que ha dictaminado que toda persona detenida tiene derecho a ser notificada con plazo razonable para solicitar un recurso de habeas corpus, un procedimiento legal mediante el cual cualquier persona detenida puede impugnar la legalidad de su detención.
El 19 de abril, el Tribunal Supremo de Estados Unidos intervino para bloquear lo que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunció como vuelos de deportación inminentes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que habrían trasladado a otras 177 personas venezolanas desde un centro de detención en Texas hacia El Salvador. La inusual orden del Supremo, emitida a medianoche, se dictó mientras un tribunal federal en Washington D. C. evaluaba posibles cargos por desacato contra funcionarios de la administración Trump, acusados de desobedecer órdenes judiciales provisionales, entre ellas una que exigía el regreso a EE.UU. de los aviones que ya transportaban a personas deportadas.
“La última vez que se utilizó esta ley fue durante la Segunda Guerra Mundial, antes de que existiera un marco robusto de derecho internacional de los derechos humanos precisamente creado para evitar los abusos que la administración Trump está llevando a cabo al amparo de esta norma”, afirmó Kumar. “Si el gobierno continúa deteniendo y deportando a personas venezolanas en virtud de esta ley, Estados Unidos debe prepararse para recibir la condena de Naciones Unidas y de otros gobiernos comprometidos con el Estado de derecho”.
El informe “Estados Unidos: derogar la Ley Enemigos Extranjeros” está disponible en:
https://www.hrw.org/node/391161 (en inglés)
Para más cobertura de Human Rights Watch sobre Estados Unidos, consulte:
https://www.hrw.org/united-states (en inglés)
https://www.hrw.org/es/estados-unidos (en español)