El gobierno del presidente Donald Trump está celebrando el fallo de la Corte Suprema que le permite deportar a unos 350,000 venezolanos —la mayoría de ellos personas buenas y trabajadoras que están legalmente en el país— a su nación de origen, a pesar de que el propio Departamento de Estado ha determinado que en Venezuela la gente corre todo tipo de peligros.
El fallo fue una “victoria para el pueblo estadounidense y para la seguridad de nuestras comunidades”, celebró la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, haciéndose eco de las falsas insinuaciones de Trump de que la mayoría de los inmigrantes venezolanos son criminales.
Seamos claros: esto no es una victoria para el pueblo estadounidense ni contribuirá en nada a la seguridad de las comunidades de Estados Unidos.
La gran mayoría de estos venezolanos son trabajadores de restaurantes, conductores de Uber, niñeras y otros empleados del sector servicios que realizan labores que muchos estadounidenses no quieren hacer. Pagan impuestos, contribuyen a la economía y están aquí legalmente bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), que hasta ahora los ha protegido de la deportación debido a la crisis política, económica y de seguridad en Venezuela.
Contrario a las sugerencias de Trump de que son criminales, estudios recientes realizados de forma independiente por la Universidad Northwestern, el Instituto Cato y el Instituto Nacional de Justicia coinciden en que, en promedio, los inmigrantes cometen menos delitos violentos que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
El fallo de la Corte Suprema, que aún podría ser revocado por la misma Corte, le dio luz verde a Trump para deportar a los venezolanos con TPS.
Irónicamente, el 12 de mayo el Departamento de Estado advirtió a los viajeros estadounidenses que no vayan a Venezuela bajo ningún motivo, citando entre otras razones el “alto riesgo de detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia y disturbios civiles”.
La tasa anual de homicidios en Venezuela es de 26 muertes por cada 100,000 personas, superior a la de Colombia y México, según el Observatorio de Violencia de Venezuela. Y la represión política se ha intensificado desde la fraudulenta reelección de Maduro en julio de 2024, según un nuevo informe de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Juanita Goebertus, directora para América Latina de HRW, me dijo que estas deportaciones son “una profunda traición” por parte de Trump. Muchos venezolanos beneficiarios del TPS han participado en protestas contra Maduro antes de emigrar, y ahora Trump los está enviando de regreso, a pesar de que corren el riesgo de ser arrestados y torturados, afirmó.
El peligro es real: muchos de estos exiliados han expresado abiertamente en redes sociales su apoyo a las sanciones impuestas por el propio Trump contra Venezuela. Esto los convierte en posibles víctimas de la “Ley Bolívar” de Venezuela, que establece penas de prisión de hasta 30 años para quienes respalden las sanciones contra el país.
Helen Villalonga, fundadora de AMAVEX, un grupo pro derechos de inmigrantes venezolanos en Miami, me comentó que hay “pánico y terror” en la comunidad venezolana.
Justo un día antes de nuestra conversación, Villalonga había conocido a una familia de inmigrantes venezolanos con una hija de 9 años que es ciudadana estadounidense. Ahora, la niña corre el riesgo de ser deportada o separada forzosamente de sus padres, según me contó.
“¿Cómo vas a mandar a una niña de 9 años que es ciudadana estadounidense a Venezuela, cuando el Departamento de Estado les está diciendo a los estadounidenses que no vayan allí y que quienes estén allí salgan de inmediato?”, me preguntó Villalonga. “Eso está pasando con muchísimas familias”.
En cuanto a la afirmación de Trump de que estas deportaciones harán que los estadounidenses estén más seguros, lo dudo mucho. De hecho, ocurrirá lo contrario, ya que hará que los inmigrantes sean más reacios a denunciar crímenes a la policía.
La cruzada antinmigratoria de Trump es un intento de mantener el apoyo de los sectores xenófobos y racistas dentro de su base, y al mismo tiempo desviar la atención del bajón económico que vive Estados Unidos desde que empezó su segundo mandato. Es teatro político, sí, pero esta farsa puede causar un verdadero desastre humanitario.