Durante las manifestaciones en rechazo a las redadas de ICE, la policía de Los Ángeles (LAPD) catalogó varias zonas del centro de la ciudad como unlawful assembly, es decir, asambleas ilegales, y ordenó la dispersión inmediata de los manifestantes.
Contexto de la medida
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Estas medidas se adoptaron en un contexto de fuerte tensión: miles protestaron contra las redadas del ICE, bloquearon la autopista 101 y se registraron incendios en autos autónomos Waymo .
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La presencia de la Guardia Nacional (300 inicialmente, hasta 2 000 autorizados) sin la aprobación del gobernador de California añadió un componente de militarización interna cuestionada por múltiples autoridades.
Violencia y tácticas utilizadas
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En respuesta a enfrentamientos con manifestantes —que habrían lanzado piedras, cohetes y otros objetos—, la policía y la Guardia usaron gases lacrimógenos, balas de goma y otras “municiones menos letales” .
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La declaración legal de una asamblea ilegal otorga a los oficiales la facultad de arrestar a quienes permanezcan en la zona tras las órdenes de dispersión.
Debate constitucional y reacciones políticas
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La alcaldesa Karen Bass y el gobernador Gavin Newsom calificaron el operativo y la acumulación de tropas federales como un abuso de poder y una intromisión en la soberanía estatal.
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Newsom anunció que iniciaría acciones legales por invadir el Posse Comitatus Act, que limita el uso de fuerzas militares en asuntos civiles sin autorización oficial estatal.
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Defensores de derechos civiles y constitucionales insisten en que declarar una protesta “ilegal” no anula automáticamente los derechos de expresión y reunión pacífica, por lo que cualquier uso excesivo de la fuerza podría constituir una violación de la Primera Enmienda y del debido proceso .
Impacto en la comunidad
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En el ambiente de gran tensión, más de 30 personas fueron arrestadas en diversos incidentes durante el fin de semana, incluidas acciones en la autopista y enfrentamientos cerca de edificios federales.
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Se destacó la preocupación por el efecto de esta militarización en los derechos constitucionales de los manifestantes, además del impacto en comunidades inmigrantes y latinas que ven estas acciones como intimidación estatal.
Mientras las autoridades justifican la declaración de “asamblea ilegal” por los episodios de violencia, el caso ha reavivado el debate sobre los límites del uso de la fuerza, el rol de las tropas federales en protestas civiles y la protección constitucional de la libertad de expresión y reunión pacífica. El desafío legal de California promete marcar precedentes sobre la soberanía estatal frente a la intervención federal en crisis civiles.