Washington, (EFE News).- Varios grupos de derechos civiles ampliaron una demanda ante un tribunal federal en Maryland contra los cambios de fecha que ha introducido el gobierno del presidente Donald Trump para completar el Censo 2020 e informarle de los resultados antes de fin de año, según dieron a conocer este jueves.
El censo se realiza cada 10 años por mandato de la Constitución y sobre sus resultados se adjudican la representación de cada Estado en el Congreso federal y en el Colegio Electoral, y por la década siguiente se dispone la distribución de miles de millones de dólares en fondos federales para escuelas, hospitales, infraestructura y beneficios sociales.
La pandemia de COVID-19 trastornó la recolección de datos este año -que coincide con una elección presidencial- y la Oficina del Censo postergó primero de abril a julio la fecha para completar la recepción de respuestas por correo o por internet. Asimismo, la Oficina del Censo había extendido hasta el 31 de octubre el período para que los recolectores de datos fueran puerta a puerta en busca de las respuestas de hogares.
Con estos plazos, la Oficina de Censo planificaba divulgar los datos en abril de 2021, esto es después de la inauguración de un nuevo mandato presidencial en la Casa Blanca.
El presidente Trump, que ya fracasó el año pasado en su intento por incluir en el Censo la pregunta sobre la ciudadanía de los residentes- ordenó que se concluya la recolección de fondos al 30 de septiembre y que se le entreguen la información antes del término de su mandato.
El presidente también ha propuesto que, aún cuando el Censo cuente a los inmigrantes indocumentados, este grupo de población no se tome en cuenta para la distribución de representaciones políticas y de fondos federales.
“Empezando con sus mentiras al Congreso y a la ciudadanía acerca de la pregunta sobre ciudadanía, y siguiendo con la reciente manipulación partidista y descarada de la recolección de datos de hogares, el gobierno de Trump ha corrompido nuestro Censo más allá de cualquier semejanza con la tarea constitucional”, afirmó Thomas Sáenz, presidente del Fondo Mexicano Americano de Educación y Defensa Legal (MALDEF).
Esta organización y sus aliados ya habían iniciado una querella en tribunales federales acerca de la exclusión de los indocumentados, y hoy ampliaron su demanda ante el Tribunal Federal del distrito de Maryland, nombrando como demandados a Trujmp, el secretario de Comercio, Wilbur Ross; el director de la Oficina del Censo, Steven Dillingham, el Departamento de Comercio y la Oficina del Censo.
“Desde 2017 los demandados han buscado, mediante una serie de cambios de políticas, privar a los latinos, los asiático estadounidenses y los inmigrantes de la representación política, manipulando la forma en que la Oficina del Censo recoge y usa los datos”, señala la demanda ampliada.
“Con tal fin, los demandados han violado, de forma descarada y repetida, los mandatos constitucionales fundamentales que requieren que el censo decenal cuente a todas las personas y se les asigne su representación política”, continuó la queja.
