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Thursday, March 28, 2024
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Congresista Cuéllar opinó sobre el Proyecto de Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras

El legislador sigue siendo un ferviente partidario de la 2a. Enmienda

Washington, DC—El Congresista de EE.UU. Henry Cuéllar (TX-28) emitió la una declaración argumentando su voto a favor del Proyecto de Ley bipartidista de Comunidades más Seguras:
 “Nuestras familias, nuestros vecinos y nuestros hijos están sufriendo por el aumento de los delitos violentos y la violencia armada que azota a esta nación. Lo vimos aquí en casa: las familias fueron separadas en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas. Nuestros niños temen por su seguridad en las escuelas, en los lugares de culto, en las tiendas de comestibles, en los cines. Es hora de hacer cambios,” dijo el Congresista Cuéllar, miembro principal del Comité de Asignaciones de la Cámara. 
“La aprobación en la Cámara y el Senado de la legislación sobre armas renovada, la primera de su tipo en 30 años, es un paso fundamental para proteger a nuestras comunidades. Estoy increíblemente agradecido con el grupo bipartidista de senadores y mis colegas en la Cámara que trabajaron al otro lado del pasillo para que esto pasara la línea de meta.”
Cuéllar continuó: “Permítanme ser claro. Soy un ferviente partidario de la 2a. enmienda y nunca votaré para quitarles ese derecho a los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, al final del día, mi objetivo es mantenerlos a ustedes y a sus familias a salvo. Esa es mi prioridad número uno.”
“Esta legislación es el primer paso, pero debemos seguir invirtiendo en nuestras comunidades. Es por eso que fui el patrocinador principal de la Ley del sistema nacional de verificación de antecedentes penales (NICS) de 2017 y obtuve $85 millones a través del Comité de Asignaciones para este programa. Es por eso que voté tanto por la Verificación de antecedentes bipartidista de 2021 como por la Ley de verificación de antecedentes mejorada de 2021. Por eso también apoyé la legislación sobre capacitación de las fuerzas del orden público para combatir la crisis de salud mental en nuestra nación. Es por eso que aseguré $132 millones en fondos para el programa de subvenciones de la Ley STOP School Violence a través de mi posición en el comité de asignaciones. Continuaré invirtiendo en el sur de Texas para garantizar que nuestras familias, nuestros niños y nuestra comunidad en general tengan los recursos que necesitan para prosperar y tener éxito. Espero que el presidente firme este proyecto de ley para que el sur de Texas y otras comunidades afectadas por la violencia armada puedan comenzar a sanar.”
Las disposiciones específicas de la Ley bipartidista de comunidades más seguras incluyen:
Apoyo a las Órdenes Estatales de Intervención en Crisis: Crea $750 millones para que los estados creen y administren leyes que aseguren que las armas mortales se mantengan fuera del alcance de las personas determinadas por un tribunal. 
Protecciones para las víctimas de violencia doméstica al cerrar la brecha del novio: agrega a los abusadores de violencia doméstica condenados en relaciones de noviazgo al Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales. 
Sanciones por compra clandestina: Crea delitos federales de compra clandestina y tráfico de armas, lo que permite a los fiscales apuntar a peligrosos traficantes ilegales de armas. 
Definición aclarada de comerciante de armas de fuego con licencia federal: toma medidas enérgicas contra los delincuentes que evaden ilegalmente los requisitos de licencia y aclara qué vendedores deben registrarse, realizar verificaciones de antecedentes y mantener los registros apropiados. 
Verificaciones de antecedentes mejoradas para personas menores de 21 años: Requiere un período de investigación para revisar los registros de salud mental y juvenil, incluidas las verificaciones con las bases de datos estatales y las fuerzas del orden locales, para los compradores menores de 21 años, creando una verificación de antecedentes mejorada y más larga de hasta diez días. 
Iniciativas comunitarias contra la violencia: Proporciona $250 millones en fondos para iniciativas comunitarias de prevención de la violencia.

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