Maribel Hastings
Mientras el gobierno de Donald Trump intensifica y amplía su maquinaria de detenciones y deportaciones afectando incluso a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes autorizados, no pasa desapercibido el negocio lucrativo que la política migratoria federal representa para las empresas carcelarias privadas encargadas de detener, transportar y monitorear a los perjudicados.
El diario The Wall Street Journal reportó esta semana que “el gasto del gobierno estadounidense en empresas encargadas de las deportaciones se ha disparado un 50% en los primeros cinco meses de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior”.
Dos de las principales empresas privadas encargadas del negocio de las detenciones y deportaciones son GEO Group y CoreCivic. Ambas han hecho jugosas donaciones tanto a la campaña de Trump como a sus eventos inaugurales el pasado mes de enero. ABC News reportó que GEO Group donó 1 millón de dólares a un comité de acción política (PAC) para elegir a Trump, mientras que CoreCivic donó medio millón de dólares para los eventos inaugurales del presidente.
Favor con favor se paga parece ser el lema, y ambas empresas han visto sus ganancias y el valor de sus acciones crecer dramáticamente. El gobierno de Trump requiere de más espacio carcelario para detener a los inmigrantes y de un proceso expedito para sacarlos del país, y de ahí la importancia de estas dos empresas y de las más pequeñas que conforman la red encargada de implementar los planes de Trump.
BBC News escribió que “desde que Trump ganó las elecciones en noviembre, GEO Group vio cómo el valor de sus acciones se disparó cerca de un 90% y CoreCivic alrededor de un 50%”.
“CoreCivic, la segunda mayor empresa carcelaria del país, que en 2024 tuvo ingresos de $2,000 millones, también proyecta una avalancha de nuevos negocios con el gobierno de Trump”, agregó la BBC.
The Wall Street Journal informó que en la pasada década las empresas carcelarias privadas han ganado más de $13,000 millones de dólares en el lucrativo negocio de las detenciones y deportaciones.
Estas empresas no están exentas de controversia por su mal trato a los migrantes y se han denunciado agresiones, abuso sexual, muertes y negligencia médica, entre muchas otras lamentables situaciones.
El Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC, por su sigla en inglés), lo resume así:
“El gobierno estadounidense gasta más de $3,000 millones al año en el mayor aparato de detención de inmigrantes del mundo para detener y deportar a personas que llevan décadas viviendo en Estados Unidos o que han llegado recientemente buscando seguridad o una vida mejor. Las personas detenidas sufren condiciones inhumanas y violaciones de sus derechos, como negligencia médica, muertes evitables, uso punitivo del régimen de aislamiento, falta de garantías procesales, obstrucción del acceso a la asistencia legal y trato discriminatorio y racista”.
Y la administración Trump 2.0 ha probado que en su afán de detener y deportar a la mayor cantidad posible de personas no únicamente se centra en indocumentados de reciente ingreso y con historial delictivo, sino en inmigrantes bajo proceso de asilo, regularizados, establecidos hace años en Estados Unidos, Dreamers, y estudiantes con visas, por nombrar algunos. Hasta ciudadanos han caído en las redes de Trump.
Diversos medios reportaron sobre Leonardo García Venegas, un ciudadano estadounidense detenido durante un operativo de ICE entre trabajadores de la construcción en Foley, Alabama. Aunque García Venegas, de 25 años de edad, les indicó que es ciudadano y pidió que revisaran su Real ID, los agentes le indicaron que su identificación era falsa, narró el joven a Telemundo.
Para el empresario Trump los inmigrantes e incluso los ciudadanos que no encajan en el perfil racial de MAGA sobre lo que es un estadounidense, son una mera transacción. Con jugosos contratos de detenciones, deportaciones y monitoreo le llena las arcas a las cárceles privadas que luego donan a su campaña y de paso le cumple a su base su promesa de deportaciones.
El terror y la desgracia de los inmigrantes y ciudadanos afectados por la maquinaria de deportaciones es un negocio redondo para Trum