A partir del 4 de junio de 2025, los estudiantes indocumentados en Texas ya no califican para la matrícula estatal (in-state tuition) tras un acuerdo entre el estado y el gobierno federal. Esto marca el fin de una ley vigente desde 2001 que permitía a ciertos estudiantes indocumentados pagar tarifas reducidas en universidades públicas.
La decisión se produjo después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. demandara a Texas, argumentando que esta política violaba la ley federal al otorgar beneficios a personas sin estatus legal. El juez federal Reed O’Connor falló rápidamente en contra de la ley, respaldado por el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
Legisladores republicanos como el senador Mayes Middleton habían impulsado proyectos de ley para eliminar este beneficio, restringir ayudas financieras y exigir que las universidades reporten a estudiantes indocumentados. Estas medidas no avanzaron, pero la demanda federal logró el mismo efecto.
Expertos y organizaciones como TheDream.US y FIEL advirtieron que eliminar la matrícula estatal limitará el acceso a la educación superior para miles de jóvenes que crecieron en Texas, afectará negativamente a la economía y provocará escasez en profesiones clave como enfermería y educación. Se estima que esta decisión podría costar al estado más de $460 millones al año en ingresos y poder adquisitivo.
Algunas organizaciones planean impugnar el fallo en defensa de los estudiantes afectados.
