Maribel Hastings/Asesora de America’s Voice
La obsesión de la presente administración con las deportaciones masivas no solo ha militarizado ciudades y sembrado el terror entre los inmigrantes y las familias estadounidenses. La seguridad pública sufre cuando se desvían fondos y agentes de diversas agencias del orden público para realizar labores migratorias.
Ahora no solo hay que lidiar con los abiertos ataques a la Constitución, al debido proceso de ley, a la economía y a la libertad de expresión, sino que el actual gobierno reasigna el personal de agencias encargadas de nuestra seguridad para destinarlos a labores migratorias en lugar de combatir el narcotráfico, terrorismo, los delitos de cuello blanco, o arrestar a depredadores sexuales y evasores fiscales.
Trump asegura que quiere sacar del país a “lo peor de lo peor”, a “criminales”. Aunque, según reportó la prensa, a su zar de la frontera, Tom Homan, lo grabaron recibiendo $50,000 dólares de dos agentes del FBI que se hicieron pasar por empresarios a quienes presuntamente Homan prometió ayudar a obtener contratos gubernamentales en el segundo mandato de Trump. Pero el Departamento de Justicia archivó el caso. La Casa Blanca niega todo.
Lo que sí es real es que el 71% de los casi 59,000 inmigrantes al presente detenidos por ICE no son criminales.
Si estuvieran verdaderamente preocupados por la criminalidad, la mal llamada ley presupuestaria Big Beautiful Bill no eliminaría fondos para programas que buscan reducir la criminalidad. Según el Marshall Project, “la nueva ley también reescribe los fines para los que se pueden utilizar los fondos Byrne-JAG, dejando fuera de su ámbito de aplicación los programas comunitarios de prevención de la violencia”.
De acuerdo con el Vera Institute, los recortes al Medicaid y a los programas de asistencia nutricional (SNAP) contemplados en dicha ley desestabilizan las comunidades y contribuyen a un aumento en la criminalidad. “Las investigaciones han demostrado una y otra vez que la ampliación de Medicaid está relacionada con la disminución de la delincuencia. Los estados que ampliaron Medicaid como parte de la puesta en marcha de la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles experimentaron una disminución de los delitos violentos de más del cinco por ciento”.
En un reciente reporte, el Niskanen Center analizó el desvío de agentes de diversas agencias para realizar labores migratorias: “El desvío de 6,700 trabajadores federales a la inmigración se produce a expensas de la lucha contra los delitos de cuello blanco, la seguridad nacional, el tráfico de drogas y armas de fuego, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la protección de los niños contra la explotación”.
El 80% de los 2,500 agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) han sido reasignados de investigar tráfico de armas, atentados con bombas e incendios provocados, a labores migratorias.
Súmele además la potencial falta de preparación adecuada para enfrentar desastres naturales porque hasta personal de FEMA ha sido reasignado para apoyar labores migratorias.
Por ejemplo, Trump dice estar combatiendo el narcotráfico y de ahí el espectáculo de bombardear lanchas (y a sus ocupantes) en el Mar Caribe en su pelea mediática con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de tráfico de drogas a Estados Unidos.
Pero según el Niskanen Center, “la DEA ha redirigido aproximadamente una cuarta parte (25%) de su carga de trabajo a la inmigración, desviando recursos de su misión tradicional de combatir a los cárteles de la droga”.
Lo mismo ocurre en el FBI. Según el análisis del Niskanen Center, “el enfoque en la inmigración desvía recursos y atención de otros asuntos prioritarios para el FBI, como la lucha contra el terrorismo, los delitos cibernéticos y los delitos de cuello blanco”.
Y el IRS ahora también persigue inmigrantes.“A petición de la directora del DHS, Kristi Noem, al menos 250 agentes del IRS, que normalmente se centran en delitos fiscales y financieros, han recibido el encargo de investigar a empleadores, incautar activos e incluso detener y encarcelar a personas”, de acuerdo con el Niskanen Center.
Como escribió David Bier, del Instituto CATO, el desvío de agentes “ha reducido significativamente la capacidad del gobierno para hacer frente a la actividad criminal en Estados Unidos”.