En un movimiento que los críticos califican de generar serias preocupaciones sobre la privacidad y las libertades civiles, Immigration and Customs Enforcement (ICE) planea una expansión masiva de sus operaciones de vigilancia en redes sociales. Según documentos obtenidos por WIRED, la agencia busca casi 30 contratistas privados para monitorear publicaciones, fotos y mensajes públicos en plataformas como Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, las 24 horas del día.
El operativo se presenta como un esfuerzo por identificar posibles objetivos de aplicación de la ley de manera más eficiente, pero los defensores de la privacidad advierten que fácilmente podría convertirse en una herramienta de monitoreo masivo e intimidación.
El plan de vigilancia
ICE planea operar el programa desde dos centros: el National Criminal Analysis and Targeting Center en Vermont y el Pacific Enforcement Response Center en el sur de California. Vermont alojaría a aproximadamente una docena de analistas, mientras que la sede en California operaría de manera continua con 16 empleados trabajando en turnos las 24 horas.
Los contratistas rastrearían publicaciones públicas, las contrastarían con bases de datos comerciales y señalarían información para los agentes de ICE, incluyendo registros de vehículos, servicios públicos y otros datos públicos. En casos urgentes, los investigadores deben entregar resultados en 30 minutos; los casos menos críticos tendrían hasta una hora.
La agencia insiste en que esto es una modernización necesaria de la aplicación de la ley migratoria. “Los métodos tradicionales tienen un éxito limitado sin aprovechar las redes sociales y el contenido abierto en línea”, afirman los documentos de ICE.
Preocupaciones y críticas
Grupos de derechos civiles han criticado el programa como un exceso potencial de vigilancia, especialmente por su dependencia de monitorear la actividad normal en redes sociales.
“Cuando el descontento hacia ICE o las críticas en línea podrían ser señaladas para acciones de la agencia, se está entrando en un territorio que afecta la libertad de expresión”, dijo un portavoz de la Electronic Frontier Foundation.
Los críticos también señalan que, a pesar de las salvaguardas propuestas —como restricciones contra perfiles falsos o almacenamiento indebido de datos—, la experiencia pasada sugiere que la supervisión puede ser mínima. La agregación de datos de múltiples fuentes podría producir perfiles muy detallados de personas comunes, inmigrantes, periodistas y activistas, muchas veces sin su conocimiento.
“Esto no se trata solo de eficiencia”, afirmó la defensora de la privacidad Laura Sánchez. “Es una escalada significativa en cómo el gobierno puede vigilar y juzgar a las personas en línea, y corre el riesgo de castigar discursos legales o la defensa comunitaria.”
El panorama general
Aunque ICE presenta el programa como una herramienta para rastrear sospechosos de manera más efectiva, los expertos advierten que la línea entre la investigación legítima y la vigilancia social invasiva es peligrosamente delgada. El uso de bases de datos comerciales y posibles herramientas de inteligencia artificial para monitorear la actividad cotidiana en redes sociales podría cambiar fundamentalmente cómo los inmigrantes, y de hecho cualquier miembro del público, experimenta la privacidad digital en Estados Unidos.
Legisladores y grupos de derechos civiles exigen supervisión transparente, límites claros sobre la recolección de datos y salvaguardas legales para prevenir abusos. Los críticos argumentan que, sin tales protecciones, el programa podría minar la confianza pública y generar un efecto disuasorio sobre la expresión en línea.
El programa de vigilancia de redes sociales 24/7 planeado por ICE es un ejemplo contundente de la tensión entre la aplicación de la ley y las libertades civiles en la era digital. Si bien la agencia enfatiza la eficiencia operativa, los expertos advierten que la iniciativa arriesga arrastrar a personas comunes a una red de vigilancia de alta tecnología, planteando preguntas sobre responsabilidad, proporcionalidad y protección de derechos fundamentales.