Washington, (EFE).- La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), junto a otras organizaciones locales, lanzaron este miércoles una campaña en al menos siete estados del país encaminada a revelar acciones de mala conducta en los departamentos de Policía.
La iniciativa apunta a agencias policiales de Tennessee, Massachusetts, Nueva York, Arizona, Misisipi, Minesota y Kentucky, donde investigadores del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) confirmaron patrones generalizados de abuso policial y prácticas inconstitucionales y racialmente discriminatorias.
La campaña arranca justo cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en inglés) anunció que pondrá fin a los acuerdos de supervisión y reforma policial en más de media docena de ciudades, que habían avanzado en la anterior administración.
Biden había impulsado los acuerdos de ejecución judicial con los departamentos de Policía de Louisville (Kentucky) y Mineápolis (Minesota), tras los asesinatos de los afroamericanos Breonna Taylor y George Floyd a manos de agentes en 2020.
El DOJ también cerrará sus investigaciones y se retractará de las conclusiones sobre violaciones constitucionales de las policías locales de Phoenix, Arizona; Trenton, Nueva Jersey; Memphis, Tennessee; Mount Vernon, Nueva York; Oklahoma City, Oklahoma, y la Policía Estatal de Luisiana.
“Hoy ponemos fin al fallido experimento de la División de Derechos Civiles de Biden de maniatar a líderes locales y departamentos de Policía con decretos de consentimiento fácticamente injustificados”, dijo en un comunicado Harmeet K. Dhillon, fiscal de la División de Derechos Civiles del DOJ, sobre la decisión de recular la investigación.
Para Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora del proyecto sobre Policía de la ACLU, la decisión del Gobierno Trump de recular las investigaciones y el monitoreo a estos departamentos de Policía “pone en riesgo a las comunidades”, por lo que es necesario intervenir.
“El Departamento de Justicia, bajo la presidencia de Biden, determinó que la Policía agredía deliberadamente a las personas y que no se trataba de un problema de ‘manzanas podridas’, sino de fallas evitables en todo el departamento”, agregó Borchetta.
ACLU citó que de 2021 a principios de 2025, el Departamento de Justicia inició 12 investigaciones de “patrones o prácticas” en departamentos de Policía locales, que revelaron uso excesivo de fuerza de forma rutinaria por parte de los agentes y ataques a personas de color.