Hay un dato poco conocido que merece mucha más atención tras la decisión del dictador nicaragüense Daniel Ortega de deportar a 222 presos políticos y quitarles su nacionalidad junto a otros 92 opositores: el régimen de Ortega se está beneficiando de un enorme aumento de las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos.
A pesar de la brutal represión de Ortega a las manifestaciones pacíficas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, su reelección fraudulenta de 2021 y su reciente decisión de quitarles la nacionalidad a las principales figuras de la oposición del país, el comercio de Nicaragua con Estados Unidos se ha disparado en los últimos años.
Las exportaciones nicaragüenses a Estados Unidos subieron de $3,200 millones de dólares en 2017 a un récord de $5,700 millones en 2022, según datos del censo de Estados Unidos. O sea, aumentaron 78 por ciento en los últimos seis años.
No es casual que Ortega no pierda el sueño por las críticas de que es uno de los peores violadores de derechos humanos del mundo: la economía de su país ha crecido, y en gran parte gracias a Estados Unidos.
Cuando entrevisté a Ortega en Nicaragua en 2018 y le pregunté si le molesta que lo llamen dictador, me respondió que no le importa. Me dijo: “Me han llamado muchas cosas” y “he aprendido a no molestarme”.
El gobierno de Biden aumentó las sanciones contra el régimen de Ortega el año pasado, anunciando posibles medidas contra las ventas de oro de Nicaragua, reduciendo ligeramente las importaciones de azúcar nicaragüense y amenazando con imponer otras restricciones comerciales específicas. También agregó 500 funcionarios nicaragüenses y sus familias a una lista de funcionarios extranjeros a los que no se le dan visas estadounidenses.
Bajo el acuerdo de libre comercio CAFTA de 2006, firmado poco antes de que Ortega asumiera el cargo, Nicaragua se beneficia del tratado de libre comercio centroamericano con Estados Unidos. Las ventas nicaragüenses a Estados Unidos representan alrededor de la mitad de las exportaciones totales del país, según cifras del Departamento de Estado.
Asimismo, Estados Unidos es la fuente del 67 por ciento de las remesas familiares que llegan a Nicaragua del extranjero. En 2021, dichas remesas alcanzaron los 1400 millones de dólares, o el 11 % del PIB de Nicaragua, según las cifras de Estados Unidos.
Eric Farnsworth, jefe de la oficina en Washington de la asociación empresarial Council of the Américas y ex-funcionario del Departamento de Estado, está entre quienes creen que ha llegado el momento de suspender a Nicaragua del acuerdo CAFTA.
“Es insostenible tener un tratado de libre comercio con el régimen de Nicaragua en este momento”, me dijo Farnsworth. “Ortega sabe que Estados Unidos no está dispuesto a tomar medidas contundentes en su contra, por lo que sigue radicalizándose”.
Farnsworth me agregó que es una ironía que Estados Unidos mantenga a Nicaragua como socio de libre comercio mientras niega ese estatus privilegiado a países amigos como Uruguay y Ecuador.
Pero la mayoría de los funcionarios y expertos en Washington me dicen que expulsar o suspender a Nicaragua del CAFTA sería una medida de “opción nuclear” que provocaría un desastre humanitario en el país. Decenas de miles de trabajadores nicaragüenses perderían sus empleos.
Los funcionarios estadounidenses temen que una ola de despidos masivos en Nicaragua aumentaría aún más el éxodo de migrantes indocumentados nicaragüenses a Estados Unidos, que recientemente alcanzó niveles récord.
Sin embargo, ha llegado el momento de que Estados Unidos intensifique las sanciones económicas a Nicaragua.
Las actuales sanciones de visas a funcionarios nicaragüenses claramente no están poniéndole mucha presión al régimen de Ortega. Más importante aún, no tiene sentido que Estados Unidos esté condenando a la dictadura de Nicaragua y al mismo tiempo apuntalando su economía.
A Ortega le importa un rábano, lo que diga la comunidad internacional, pero le importa que la economía de su país siga creciendo y pueda tener dinero para comprar funcionarios y votos en sus elecciones fraudulentas.
A menos que Washington imponga sanciones económicas a industrias y líderes empresariales vinculados a su régimen, Ortega seguirá violando los derechos humanos y las reglas democráticas. Y Nicaragua seguirá siendo – por raro que suene – un régimen anti-yanqui sostenido económicamente por Estados Unidos.
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