Mecanismo de protección a periodistas mexicano necesita cambios urgentes

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Un periodista pega una fotografía, durante una protesta el 14 de febrero de 2022, al exterior de la Secretaria de Gobernación (SG), en la Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Ciudad de México, (EFE).- El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México necesita cambios urgentes para ser efectivo y lograr proteger a los informadores, denunció este jueves Reporteros Sin Fronteras (RSF), en un país donde la violencia hacia el gremio no para.
El informe “Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina”, realizado en colaboración con la Unesco y presentado el 22 de febrero, analiza la efectividad de los mecanismos y da recomendaciones en México, Brasil, Colombia y Honduras, países que concentran la mayoría de agresiones y homicidios de periodistas en la región.
México, Brasil, Colombia y Honduras suman 134 periodistas asesinados entre 2012 y 2021, con lo que concentran el 90 % de los casos en América Latina y son un reflejo de la ineficiencia de los programas de protección, según el reporte.
Además, en los dos primeros meses de 2022 se registraron otros siete homicidios a comunicadores -cinco de ellos en México-.
“Llega este informe en un momento sombrío, gran vulnerabilidad para la prensa latinoamericana”, dijo Emmanuel Colombié, director regional de RSF para América Latina, en una ponencia este jueves en la que se examinó el mecanismo de México.
El especialista recordó que México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa de todo el mundo, pues han sido asesinados ya cinco periodistas en lo que va de año.
Y a pesar de lo alarmante de este dato, las fallas del mecanismo se vinculan con la no reducción de las cifras de agresiones y homicidios.
Por esto, Colombié destacó que “los mecanismos no pueden entenderse como engranajes aislados con la única finalidad de velar por la seguridad física”.
RSF detectó también que la Ley de Protección vigente, que data de 2012, no obliga a las autoridades locales a hacerse cargo de la protección. Además existe un protocolo de coordinación que solamente está firmado por 12 de los 32 estados del país.
Los estados no firmantes carecen de recursos financieros y humanos y otros optaron por crear mecanismos autónomos.
Para el mecanismo federal, dijo el experto, hay 45 empleados para cerca de 1.500 beneficiarios, por lo que se ralentiza el proceso para obtener medidas de protección.
Otra muestra de ineficacia es que entre 2011 y 2020, al menos nueve periodistas que estaban dentro del programa fueron asesinados, dijo la organización.
RSF también detalló que para los empleados que hay ahora mismo, sería imprescindible la formación en género u otras especificidades de la zona.
Por último, consideraron “estigmatizante” el lenguaje con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirige a los periodistas, pues “profundiza” la complicada situación del gremio.
RECOMENDACIONES PARA EL MECANISMO
Tras este análisis, la organización estableció una serie de sugerencias de cambios o mejoras que, esperan, podrán ser tomadas y aplicadas por las autoridades del país si quieren mejorar las condiciones de las personas periodistas.
En primer lugar la ONG pidió que se amplíe el compromiso con la corresponsabilidad de política y protección de los reporteros (estados y Gobierno central).
Además, recomendaron que se desarrolle la prevención, protección y defensa a este sector a través de la firma de convenios con todos los estados antes del final de 2022.
Otras propuestas contemplan asegurar el apoyo psicosocial y condiciones seguras para el trabajo, el fortalecimiento de los enfoques intersectoriales, la mejora de protocolos y atención de emergencia, garantía de apoyo económico a los beneficiarios o campañas de difusión sobre el funcionamiento del mecanismo, entre otras.
Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México (138 hombres y 12 mujeres), en posible relación con su labor.
Un total de 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de López Obrador (2018-2024).

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