Maribel Hastings/Asesora de America’s Voice
Ni siquiera los ciudadanos estadounidenses se libran de la maquinaria de deportaciones del actual gobierno que considera “razonable” detener a una persona por su aspecto físico, dónde trabaje o dónde se encuentre.
Es una política que justifica el uso de perfiles raciales contra quienes no llenen el concepto de lo que es ser “estadounidense”. Si luces hispano, pueden cuestionar tu situación migratoria así seas un estadounidense de tercera generación.
El presidente reiteró en estos días que está combatiendo al “enemigo interno” y esto parece dirigido no solo a sus opositores políticos, a individuos y organizaciones que no compartan su ideología, o a los inmigrantes que tilda de criminales. Parece que quienes no llenen el perfil racial de un “verdadero” estadounidense, así sean ciudadanos de este país, también se consideran “enemigos internos” a juzgar por la forma en que se violentan sus derechos durante detenciones indiscriminadas.
También persiguen a ciudades enteras que son lideradas por demócratas y que esta administración argumenta que están “fuera de control” ya sea porque son hogar de inmigrantes o por sus índices de criminalidad que, dicho sea de paso, son menores que las tasas de delitos de muchas ciudades republicanas que su gobierno ni siquiera menciona.
Así emplean el cuento del “enemigo interno” para justificar el uso de la Guardia Nacional y de militares para conducir labores policiacas en clara violación a leyes que restringen y limitan que la milicia interactúe con la población civil por el peligro que puede suponer.
Según el Brennan Center for Justice, “la Ley Posse Comitatus (Posse Comitatus Act) les prohíbe a las fuerzas militares federales participar en funciones civiles de orden público, excepto que esté expresamente autorizado por la ley. Esta ley creada hace 143 años representa una tradición estadounidense que considera la intervención militar en cuestiones civiles como una amenaza contra la democracia y las libertades civiles. Sin embargo, varios acontecimientos recientes han revelado algunos vacíos legales peligrosos en el ámbito de la aplicación de esta ley que el Congreso debe resolver”.
Son esos “vacíos legales” los que Trump intenta explotar para “normalizar” la presencia militar en ciudades estadounidenses, sobre todo si son dirigidas por demócratas afroamericanos y tienen altos porcentajes de hispanos, afroamericanos e inmigrantes en su población.
Es más, esas ciudades pueden servir para entrenar militares, según Trump.
“Le dije a Pete (Hegseth, Secretario de Guerra) que deberíamos utilizar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestras fuerzas armadas… porque muy pronto entraremos en Chicago”, declaró Trump recientemente. De hecho, ya la Guardia Nacional de Texas llegó a Chicago previo al anticipado despliegue.
America’s Voice resaltó unos 15 casos de ciudadanos que han sido detenidos por ICE, algunos de forma violenta, a pesar de contar con identificaciones.
Casos como el de Leonardo García Venegas, un ciudadano estadounidense que acaba de demandar a ICE por detenerlo no una sino dos veces en Baldwin, Alabama. Los agentes argumentaron que el REAL ID de Venegas era falso.
“Siento que no hay nada que pueda hacer para evitar que los agentes de inmigración me arresten cuando quieran. Solo quiero trabajar en paz. La Constitución protege mi derecho a hacerlo”, declaró García Venegas a través de sus abogados.
Cary López Alvarado, nacida en Los Ángeles, California, fue empujada y detenida por ICE pese a estar embarazada.
George Retes, ciudadano estadounidense y veterano de guerra de Camarillo, California, fue detenido por tres días sin derecho a hacer llamadas o pedir representación legal durante un operativo de ICE en una granja donde trabaja como guardia de seguridad. “Les habría tomado dos minutos verificar mis documentos y confirmar que era ciudadano. En cambio, me arrestaron por estar ahí”, señaló Retes. Le dijo a Telemundo que nadie, “ni indocumentado, ni ciudadano, ni veterano”, merece ser tratado de la forma en que lo hicieron solamente por su apariencia física.
Retes demandó al gobierno federal y es representado por el Institute for Justice. “John Adams dijo la famosa frase de que somos un gobierno de leyes y no de hombres. Eso no es cierto si los agentes federales pueden, con impunidad, despojar a estadounidenses como George de sus derechos”, declaró Marie Miller, abogada del Instituto.
Y es que al presente ni siquiera los ciudadanos se libran de la cruzada antiinmigrante de Trump que poco tiene que ver con seguridad y mucho con pisotear derechos y protecciones en su afán de controlar quién es un verdadero estadounidense.