Para La Red Hispana
No existen palabras para capturar la desesperación de una madre migrante separada durante cuatro años de su hijo de apenas tres años, víctimas ambas de la pobreza o la violencia y de una injustificable política de tolerancia cero de la pasada administración Trump, que decidió utilizar la crueldad y la barbarie como herramientas de persuasión contra los migrantes del sur.
Después de esos cuatro años que debieron parecer eternos, esa madre recibió esta semana un permiso humanitario temporal para reunirse temporalmente con su hijo dentro de los Estados Unidos. El nombre de los protagonistas de esta historia es mantenido en absoluta confidencialidad por el gobierno federal por razones de privacidad.
Pero sabemos que formaron parte de las primeras cuatro familias en ser beneficiarias de la política de reunificación familiar puesta en marcha por el presidente Joe Biden, apenas unos días después de haber asumido la presidencia de Estados Unidos, para revertir la cruel e inhumanitaria política migratoria de la presidencia de Donald Trump.
Se trata sin embargo sólo de la punta de un Iceberg cuyas dimensiones reales son desconocidas. Aunque la administración Biden estima que existen todavía alrededor de 1,000 menores de edad migrantes que no han sido reunificados con sus padres, la lista podría ser mucho mayor si se considera que otros casos fueron clasificados bajo diferentes categorías.
El daño provocado por la política de la era Trump tolerancia cero y de la separación de menores de sus padres es probablemente irreparable. Todos recordamos el llanto de los infantes enjaulados en instalaciones fronterizas, alguno de ellos en la edad de lactancia, o las miradas de los adolescentes atemorizados y hacinados en medio de la incertidumbre de la pandemia. Todos ellos tendrán que vivir por el resto de sus vidas con el trauma psicológico de la separación.
Por ello es importante que la administración Biden reconozca que tiene una responsabilidad moral de no escatimar esfuerzos para reunificar a esos padres y de agotar todos los recursos a su alcance para evitar que continúe esta injusticia.
Pero en mi opinión la responsabilidad del gobierno federal estadounidense debe de ir más allá. Después de todo, la iniciativa de tolerancia cero de la era Trump fue en su momento una política del gobierno, aunque después fue acotada por los tribunales.
Me parecen por ello totalmente razonable las peticiones de la Unión Nacional de Libertades civiles (ACLU), que encabeza la cruzada legal contra la separación de menores: permitir que los padres e hijos vivan en los Estados Unidos sin temor a la deportación; ofrecerles una ruta a la ciudadanía; poner a su disposición servicios de salud mental; establecer cambios institucionales para evitar separaciones futuras de familias migrantes y llevar a cabo investigaciones para una efectiva rendición de cuentas de los responsables.
Si una sociedad mide su fuerza moral por la manera en la que atiende a los más vulnerables, ésta es una oportunidad histórica para mostrarlo.