Por José Luis B Garza
McAllen.- Tras una semana de una inesperada como aguda crisis provocada por las bajas temperaturas que causaron cortes del servicios eléctrico, interrupciones en el suministro de agua, falta de servicio de internet y escasez de víveres, agua y gasolina, el estado de Texas paulatinamente parece volver a la normalidad.
No obstante, la recuperación plena depende de que se restauren los servicios interrumpidos y el abastecimiento de los productos que hicieron falta durante varios días.
Todo lo anterior en medio de la pandemia del Covid 19 que durante la devastadora crisis cobró ya la vida de medio millón de personas en todo el país.
Las secuelas de la catástrofe tendrán que ser cuantificadas y las demandas millonarias contra la Comisión de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, siglas en inglés) se empiezan a acumular en un estado en el que ya se hizo la declaratoria de emergencia por parte del presidente Joe Biden a fin de contar con la ayuda necesaria, en mayor o menor medida, dependiendo de la gravedad del problema que confrontó cada uno de los condados.
El impacto no es solamente económico, ya que se vieron interrumpidos los servicios educativos en la mayoría de las regiones texanas, así como la aplicación de exámenes y vacunas de Covid.
Al igual que en muchos condados, en el de Hidalgo, debido al clima extremadamente frío, el juez del condado, Richard F. Cortez, declaró estado de desastre en una orden de emergencia que firmó como medida para proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar general de los ciudadanos y a fin de aliviar el sufrimiento de las personas y proteger o rehabilitar la propiedad.
Junto con la declaración, el juez Cortez implementó controles de precios para abordar los informes de aumento de precios en medio del clima frío.
La declaración del juez Cortez se produjo cuatro días después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, declarara que todo el estado era un área de desastre en anticipación a la tormenta invernal.
La implementación de controles de precios significa que los precios que se estaban cobrando por una variedad de bienes y servicios el 12 de febrero o antes, serán los máximos que un comerciante puede cobrar durante el estado de emergencia.
Los bienes y servicios incluyen comestibles, bebidas, artículos de tocador, hielo, materiales y suministros de construcción y edificación, equipos y maquinaria para movimiento de tierras, equipos de transmisión y generación de gas y electricidad, fiesta y accesorios, velas, iluminación de lámparas y carburos de unidades de calor, baterías secas, bombillas, linternas y linternas de mano, así como herramientas manuales y eléctricas, ferretería y suministros domésticos, entre otros.
Por su parte, el Fiscal de Distrito Penal del Condado Hidalgo, Ricardo Rodríguez Jr., apoyó a la División de Protección al Consumidor de la Oficina del Fiscal General de Texas con el aumento de precios.
El Código de Comercio y Negocios de Texas evita el aumento excesivo de precios durante una emergencia declarada y continúa durante 30 días después de la fecha de vencimiento o terminación de la declaración.