Washington, (EFE).- Un juez federal afirmó este miércoles que deportar inmigrantes a Libia o Arabia Saudí violaría una orden judicial previa que obliga al Gobierno de Estados Unidos a notificar por escrito a los afectados y darles con antelación la oportunidad de impugnar la expulsión.
La orden del juez federal Brian E. Murphy en Boston (Massachusetts) responde a una moción de emergencia presentada por los abogados que representan a un grupo de inmigrantes -ciudadanos de Laos, Vietnam y Filipinas- que podían ser expulsados a Libia en los próximos días.
Los abogados habían demandado al Gobierno del presidente Donald Trump para detener las expulsiones de inmigrantes a terceros países donde sus vidas podrían correr peligro.
El mes pasado, Murphy se puso del lado de los demandantes y emitió una orden que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enviar a terceros países a inmigrantes con órdenes de deportación definitiva sin notificarles previamente por escrito y darles la oportunidad de demostrar que sufrirán tortura o la muerte si son deportados a esos lugares.
Las alarmas de los defensores de los inmigrantes se encendieron nuevamente tras las declaraciones de funcionarios de la Administración Trump a medios estadounidenses sobre los planes de la Casa Blanca de transportar a un grupo de inmigrantes a Libia en un avión militar estadounidense este miércoles.
Los abogados del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste (NWIRP), la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración (NILA) y Human Rights First (HRF), que lideran la batalla legal, presentaron una moción de emergencia pidiéndole a Murphy detener el envío de los inmigrantes a Libia, un país en conflicto con denuncias de violaciones de derechos humanos.
Desde la semana pasada, funcionarios de la Casa Blanca filtraron a la prensa que el Gobierno Trump había iniciado conversaciones con Ruanda y Libia para explorar la posibilidad de enviar a esos países africanos a inmigrantes de otras naciones que tienen antecedentes penales.
El aparente plan del gobierno de expulsar rápidamente a un grupo de inmigrantes a Libia infringe esa orden previa, afirmaron los abogados de los inmigrantes en la moción presentada al tribunal.
Murphy subrayó hoy que su orden preliminar establece que el DHS no puede evadir su dictamen cediendo el control de los inmigrantes “ni la aplicación de sus responsabilidades migratorias a ninguna otra agencia, incluido, entre otros, el Departamento de Defensa”.
El magistrado recalcó que las “supuestas deportaciones inminentes” violarían claramente la Orden de este Tribunal”.
En ese sentido, Matt Adams, director legal de NWIRP, dijo que el fallo (anterior) de la corte exige que el DHS brinde protecciones procesales básicas para que las personas no sean expulsadas en secreto a un país donde podrían ser perseguidas o torturadas.
“La agenda de deportación de la administración Trump no invalida la ley”, agregó Adams,
En una reunión de Gabinete la semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hizo hincapié en que la Administración Trump estaba “buscando activamente” países dispuestos a acoger a ciudadanos de terceros países.
“Estamos colaborando con otros países para decirles: ‘Queremos enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables'”, dijo Rubio, quien calificó los acuerdos como “un favor” a EE.UU. “(cuanto) más lejos de Estados Unidos, mejor”, añadió.