Los Ángeles, (EFE News).- Al recién investido presidente Joe Biden y su Administración le espera una cuesta arriba para desenredar la maraña de más de 400 políticas migratorias establecidas por su antecesor Donald Trump que, a decir de los expertos, destruyeron el proceso de asilo político e hicieron prácticamente imposible a los inmigrantes obtener refugio en EE.UU.
Desbaratar el entretejido elaborado por el Gobierno de Trump sobre inmigración es un trabajo tan complicado y cuidadoso que el mismo Biden advirtió hace semanas que “tomará meses”.
Los primeros favorecidos por los cambios emprendidos por la nueva Administración son los inmigrantes que ya están dentro del país, como los protegidos por los programas de Acción Diferida, (DACA) y Estatus de Protección Temporal (TPS), a los que se les devolverán sus amparos, y aquellos que esperan que sus procesos se destraben tanto en las cortes de inmigración como en las agencias, incluyendo miles que están peleando por evitar la deportación.
Incluso los más de 11 millones de indocumentados hoy respiran esperanzados con el plan migratorio que se pondrá a consideración al Congreso y les daría una legalización con camino a la ciudadanía.
Sin embargo, la situación es totalmente diferente quienes están afuera, especialmente al sur de Estados Unidos.
LABOR QUIRÚRGICA
El demócrata, al igual que los defensores de los inmigrantes, sabe que la labor debe ser quirúrgica, especialmente con las medidas para abrir las puertas a los solicitantes de refugio y asilo.
“El desafío clave que enfrentará la Administración Biden será ordenar de manera cuidadosa y gradual estos cambios para evitar desencadenar flujos adicionales de migración irregular, y al mismo tiempo reiniciar el sistema de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México”, advirtió a Efe Ariel Ruiz Soto, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI).
En este sentido Biden subrayó hace cuatro semanas que “lo último que necesitamos es decir que vamos a suspender inmediatamente la manera en la que opera el acceso al asilo ahora mismo y entonces terminemos con dos millones de personas en nuestra frontera”.
Soto, al igual que la nueva Administración, sabe que la llegada de miles de inmigrantes a la frontera se presenta como un obstáculo para lograr un apoyo bipartidista y del público, y empujar su plan de reforma migratoria en los próximos meses.
EL CORONAVIRUS QUE AGRAVA LA MARAÑA
Uno de las primeros objetivos de las organizaciones defensoras de los inmigrantes es lograr que se suspenda la aplicación del Titulo 42, una normativa que permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) expulsar extranjeros arrestados en la frontera argumentando una emergencia sanitaria por la covid-19.
Al respecto, Tatiana Broff, consultora para temas regionales de Women’s Refugee Commission, resaltó que la relación entre la pandemia (que ya ha causado más de 400.000 muertes en EE.UU.), las solicitudes de asilo político y la seguridad fronteriza representa “una complicada situación para que la nueva Administración pueda derogar esta regulación establecida por el Gobierno Trump en marzo pasado”.
Daniella Burgi-Palomino, directora de Latin America Working Group, insistió a Efe que lo primero a establecer es que el Título 42 no tiene ningún fundamento para proteger la salud.
“Ya sabemos que (el hoy exvicepresidente Mike) Pence presionó a oficiales de los CDC (Centros para el Control de Enfermedades) para implementar la orden utilizando argumentos falsos basados en la pandemia que solo se enfocan en los solicitantes de asilo y no en otras poblaciones”, destacó.
También resaltó que una corte federal ya bloqueó la aplicación del Título 42 para niños no acompañados, “demostrando que es una orden ilegal”.
“Sí es posible entonces empezar un procesamiento de las personas en la frontera y revertir las medidas antiasilo si se siguen las medidas recomendadas por expertos en salud pública”, valoró Burgi-Palomino.
Soto no es tan optimista y augura que “es probable que algunas políticas en la frontera demoren más en terminar o reemplazar (políticas), incluida la orden activa de los CDC (Titulo 42)”.
EL MURO INVISIBLE PARA LOS REFUGIADOS
Además del Titulo 42, Biden deberá poner fin al Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como “Permanezca en México”, que se empezó a aplicar en enero de 2019, obligando a los solicitantes de asilo esperar en el país vecino el desarrollo de sus casos.
También tendrá que revertir la veda a la concesión de asilo a los solicitantes que tuvieran que pasar por un tercer país, a menos que hayan solicitado asilo en otra nación y se les haya negado.
Alejandro Mayorkas, el nominado a titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aseguró esta semana que Biden tiene planeado echar hacia atrás el MPP.
Sin embargo, esto es el comienzo para desbaratar el muro virtual que levantó la anterior administración a los inmigrantes que buscan refugio, como las normas que bloquearon el acceso al asilo para mujeres huyendo de la violencia doméstica, así como jóvenes víctimas de violencia de pandillas y la población LGBTQ.
LA CUESTA ARRIBA
Además del DHS, encargado de las tres agencias de control de inmigración, el Departamento de Justicia (DOJ) deberá inmiscuirse en estos cambios. Por ejemplo, revirtiendo los esfuerzos de los exfiscales Jeff Sessions y William Barr por cambiar la decisión en el caso conocido como “Matter of A-B”, en el que un juez de inmigración concedió asilo a una salvadoreña debido a los años en que fue víctima de violencia doméstica, y que actualmente no se aplica en casos similares.
A esto se suman los obstáculos creados por el DOJ para los jueces de inmigración, disminuyendo su autonomía.
Los fiscales federales también están encargados, junto a la Unión Americana de Libertades Civiles, de reunificar a más de 600 niños que permanecen separados de sus padres migrantes desde 2018, y que son prioridad para Biden.
También tendrán que aplicarse medidas diplomáticas de la nueva Administración para restaurar políticas como el Programa de Procesamiento de Refugiados para Menores Centroamericanos (CAM), que fue cancelado por Trump, así como eliminar acuerdos firmados por EE.UU. para limitar la inmigración.
“Una nueva política hacia Centroamérica también debería ir más allá de simplemente restaurar los fondos que fueron cortados por la Administración Trump. Se debe cambiar el enfoque hacia la lucha contra la corrupción y en favor de la protección de los derechos humanos”, sostuvo Burgi-Palomino
Por su parte Soto insiste que “la clave para poner fin o reemplazar estas políticas es comunicar que el cambio no ocurrirá de inmediato para disuadir los grandes flujos de migrantes irregulares”.
