Para La Red Hispana
La Ley Agraria (Farm Bill) es, sin lugar a duda, el más importante instrumento de política agrícola y alimentaria de los Estados Unidos.
Creada en 1933 bajo el nombre de la Ley de Ajuste Agrícola (AAA), en medio de una sequía histórica y de la hambruna detonada durante la Gran Depresión, la legislación tuvo el doble propósito de ayudar a los granjeros y alimentar a las familias más pobres.
La Ley Agrícola requiere renovarse cada cinco años. Su última versión fue aprobada en 2018, por lo cual debe renovarse en tres semanas, antes del 30 de septiembre. Se espera que la factura agrícola rebase por primera vez en la historia 1 trillón de dólares (1 millón de millones de dólares).
Si la Ley no es renovada, más de 41 millones de personas, la mayoría niños, personas mayores o con discapacidad, dejarían de recibir los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que representa alrededor del 83% del costo de la Ley Agrícola.
Un 37% de los beneficiarios de SNAP son blancos no-hispanos, un 26% son afroamericanos, un 16% son hispanos, un 3% asiáticos y un 2% nativos americanos, según cifras oficiales.
Sólo el 20 por ciento de los hogares que reciben SNAP tienen ingresos mensuales brutos por encima del umbral federal de pobreza. El ingreso bruto mensual promedio de un hogar que recibe SNAP es de $872 y el ingreso neto es de $398.
Y ahora resulta que –a pesar de que las familias más pobres, incluidas familias de las minorías de color fueron las más desproporcionadamente afectadas por la pandemia de COVID– el sector más radical de los republicanos de la Cámara de Representantes ha condicionado su apoyo a la renovación de la Ley Agrícola a un ajuste significativo de SNAP.
Uno de los miembros del conservador Freedom Caucus, el legislador republicano de Georgia, Andrew Clyde, acusó al SNAP de ser “uno de los mayores programas de donaciones gubernamentales que deben reducirse”. Al parecer no le importó que representa a un condado rural y que la mayoría de beneficiarios de SNAP son blancos.
Pero no es el único. Más de medio centenar de republicanos podrían sumarse a esta revuelta republicana contra la Ley SNAP. No es la primera vez que ocurre. En 2018 trataron de hacer reducciones similares a SNAP a través de nuevos requisitos de elegibilidad. Fracasaron por la oposición demócrata.
Ahora su plan incluye limitar la capacidad de los estados para solicitar extensiones para algunas partes de los requisitos laborales de los beneficiarios de SNAP, de acuerdo con la publicación Político.
Una cosa es revisar la eficacia de las políticas públicas, a fin de que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan y se evite el abuso. Otra cosa es tratar de imponer una visión ideológica a la ayuda a los más necesitados sin importar la realidad económica.
Al igual que ocurrió hace 5 años, se requiere crear un consenso entre legisladores demócratas y republicanos moderados para aprobar una Ley Agrícola que beneficie a los segmentos más vulnerables de la sociedad, a los granjeros y al país en su conjunto, y no ceder a presiones ideológicas.